FLOJO DE PAPELES
Por Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna – 8 de septiembre de 2019
El préstamo del FMI se contrajo sin cumplir con los procedimientos administrativos obligatorios
La mayor deuda contraída por el país en tan corto lapso (que al mismo tiempo es la más grande concedida por el FMI desde su creación en 1944) careció del respaldo de un decreto del Poder Ejecutivo y de un dictamen jurídico favorable. Tampoco existe un acto administrativo que exponga la decisión de tomar el crédito, ni un dictamen del Banco Central que evalúe cómo impactaría en la balanza de pagos, ni resoluciones del Directorio del Banco Central y del Ministerio de Hacienda que afirmaran su legalidad, oportunidad y conveniencia. Ni siquiera hay constancia de que se haya suscripto acuerdo alguno: el expediente oficial sólo contiene la Carta de Intención y sus memorandos adjuntos. Esa Carta de Intención dice que tales memorandos son “hitos que deben usarse para el diseño del acuerdo stand-by”. Pero carecen de firma electrónica y membrete alguno y recién fueron presentados ante un reclamo judicial, motivos para presumir que fueron producidos después del acuerdo. Así lo confirmó el Ministerio de Hacienda: el expediente administrativo se inició una semana después de firmada la Carta de Intención. Difícil compatibilizar tamaña negligencia con la pretensión oficial de que valora la calidad institucional por sobre cualquier resultado económico.
Estas escandalosas constataciones surgen de varios pedidos de acceso a la información formulados por un ex director del Banco Central, cesanteado por cuestionar la política que condujo al acuerdo con el FMI y por un dirigente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Esto podría implicar responsabilidades penales y patrimoniales para los funcionarios que actuaron. Tampoco puede descartarse que acarree consecuencias para los funcionarios del FMI que intervinieron, como su ex directora gerente, Christine Lagarde, y Alejandro Werner, encargado de Centro y Subamérica en el FMI. O, en la jerga estadounidense, el “Hemisferio Occidental”. Seguir leyendo
EMPOMADOS
Por Pedro Biscay en El Cohete a la Luna – 7 de julio de 2019
El acuerdo secreto es un gran negocio para extranjerizar la banca y liquidar los bancos públicos.
La semana pasada el gobierno nacional anunció que, luego de veinte años de negociación, las delegaciones diplomáticas del Mercosur cerraron los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. Más allá de cual sea el derrotero final de los Tratados de Libre Comercio, hasta ahora lo único que se conoce es el resumen publicado en Bruselas el 1° de julio. Este documento apenas refleja el esquema porcentual de eliminación de aranceles, las cuotas de intercambio comercial, plazos de implementación y algunos principios generales aplicables en áreas específicas, todos ellos desfavorables para nuestros intereses comerciales, y el proyecto de avanzar hacia un modelo de industrialización y desarrollo económico. El sitio oficial de la Comisión Europea publica un detalle de los avances aquí.
En ese material difundido no hay referencia ni acceso alguno a la letra chica de los acuerdos. El texto definitivo y vinculante para las partes sigue siendo secreto para el conjunto de la población, al igual que lo fueron las negociaciones realizadas a lo largo de los años. La confidencialidad con la que se manejaron las autoridades diplomáticas y el celo en el manejo de los documentos y papeles de trabajo es proporcional al grado de renuncia a la soberanía nacional y el impacto lesivo que la firma implicará para la economía nacional, restándole margen de acción al próximo gobierno.
El punto de partida reside entonces en exigir el conocimiento público con el mayor grado de transparencia sobre cada punto de los acuerdos. En esa línea, la diputada Fernanda Vallejos junto a otres diputades presentaron un proyecto para que se conozcan los detalles específicos que serán puestos a la firma. Seguramente esta iniciativa será resistida por el gobierno, pues tal como ha sucedido con la celebración de acuerdos de libre comercio en todo el mundo, el lobby corporativo para que los documentos sean votados a libro cerrado (y así garantizar la aprobación de reglas incompatibles con normas del derecho interno), se hará presente, si es que este errado camino de integración continua su curso.
El libre comercio de servicios financieros
Uno de los capítulos menos conocidos es el relativo a los servicios financieros. Enmarcados dentro de los denominados Trade in Service Agreement (TiSA), son impulsados por la Unión Europea a raíz de su objetivo de intensificar la presencia de servicios financieros en economías emergentes. Junto a la UE, impulsan estos acuerdos otros veintidós países participantes de la Organización Mundial del Comercio, entre los que se destacan Estados Unidos, Canadá, Suiza y Panamá. Se calcula que estos países más la Unión Europea contabilizan cerca del 70% del comercio mundial de servicios financieros. Sólo en el caso de las relaciones Unión Europea-Mercosur, se estima que aquel bloque regional exporta servicios por el orden de los 23 billones de euros mientras que las importaciones no superan los 11 billones. Además, el impulso de estos acuerdos cuenta con la activa participación de bancos globales, agencias de crédito y fondos de inversión con participación preeminente en mercados de derivados, cuyo poder de lobby les permitió tomar parte en consultas, reuniones y foros de decisión claves a nivel de las instituciones globales. Seguir leyendo
El TLC MERCOSUR – UE
El acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR significa mayor desregulación financiera y menor trabajo bancario.
El anuncio del acuerdo Unión Europea – Mercosur, comunicado el día viernes 28 de junio por el Canciller Faurie, es un retroceso para la soberanía económica nacional, el desarrollo con inclusión y los derechos laborales de todas y todos los argentinos. El acuerdo configura un nuevo avance en el proyecto de subordinar al país en relaciones económicas desiguales, tal como establecen los Tratados de Libre Comercio (conocidos como TLC). Estos acuerdos, resistidos y denunciados por los movimientos sociales alrededor del mundo, eliminan barreras arancelarias, promueven la apertura comercial indiscriminada y perjudica a las pequeñas y medianas empresas, además de imponer reglas de flexibilización laboral que suprimen derechos y conquistas sociales.
Los TLC tienen un plazo indefinido por lo que permanecen vigentes a lo largo del tiempo (carácter de perpetuidad) y sus términos se negocian bajo estrictas reglas de SECRETO y CONFIDENCIALIDAD que impiden su difusión y conocimiento previo por las organizaciones del trabajo y la producción nacional. En todo el mundo y en la Argentina también, estos acuerdos han sido negociados por una elite de funcionarios sin mandato específico del parlamento y sin rendir cuentas sobre el avance de las negociaciones que llevaron adelante durante años. No son acuerdos que respeten reglas democráticas y suelen votarse a libro cerrado, impidiendo así la modificación de cláusulas específicas que puedan contrariar principios y reglas jurídicas del derecho interno de cada país signatario.
La aprobación de estos acuerdos es funcional a los intereses de los países centrales, que puertas adentro protegen sus economías al tiempo que promueven el liberalismo más extremos en su relacionamiento externo. Por ello, las consecuencias negativas que se generarían para la producción y el crecimiento nacional deben ser objeto de un análisis cuidadoso.
Por ejemplo, este acuerdo agravará fuertemente nuestro déficit en cuenta corriente del sector externo (1) , e implicará profundizar la desindustrialización y la primarización de nuestra economía. Asimismo, se desconocen cuáles serán los impactos en los diversos sectores de la economía y tampoco existe cuantificación alguna relativa al comercio exterior.
Este TLC implica perder el acceso preferencial al mercado del Brasil, donde nuestros servicios y productos serán sustituidos por la producción europea. También se desconocen los términos relativos a las compras gubernamentales, donde la apertura del mercado destruiría sectores enteros de producción y servicios.
De acuerdo a lo establecido por nuestra Constitución Nacional, la celebración de acuerdos internacionales requiere la ratificación por parte del Honorable Congreso de la Nación, y sumar la aprobación parlamentaria del resto de los países del MERCOSUR.
También mencionamos que los acuerdos incluyen capítulos en materia financiera que profundizan la desregulación de las actividades del sector, además de establecer la prohibición de adoptar políticas prudenciales sobre la cuenta capital y el manejo por parte del Banco Central de la República Argentina del tipo de cambio y la tasa de interés. Estos nuevos escenarios podrían impactar negativamente comprometiendo la estabilidad macroeconómica y el valor de la moneda nacional.
Además, los capítulos financieros de los acuerdos TLC flexibilizan las condiciones de trabajo dentro de la actividad bancaria, promoviendo formas de contratación que degradan la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras, eliminan cargas sociales y previsionales y aumentan la edad jubilatoria.
Además de estos aspectos los acuerdos en todos sus aspectos establecen prórroga de jurisdicción comprometiendo la soberanía nacional y debilitando la posición jurídica del país frente a potenciales litigios, lo que podría acarrear graves costos económicos al país como ya sucedió con la trágica experiencia de los juicios iniciados contra el país en CIADI.
Con preocupación desde CINFIN manifestamos nuestro rechazo ante el anuncio realizado por el Gobierno Nacional; requerimos la intervención del Parlamento Nacional exigiendo el conocimiento público de la letra chica de los acuerdos involucrados con la UE y llamamos a un debate amplio y responsable en miras a formular políticas de integración comercial y financiera basadas en el respeto de la soberanía y la protección del empleo y la producción nacional.
(1) Tal como queda evidenciado en los casos de México y Chile quienes muestra una variación en la balanza comercial de 17.976 y 6.676 millones de dólares respectivamente, desde la firma del TLC con UE. Fuente: COMTRADE
Centro de Estudios para la Integración Financiera 